Desde 1974, el gobierno peruano ha titulado a más de 1300 comunidades nativas (IBC, 2016). Sin embargo, los cambios en las políticas vinculadas a este proceso limitaron su implementación, dejando pendiente la titulación de muchas comunidades hasta la actualidad (2018). El estudio “Titulación de Comunidades Nativas – Avances y Desafíos”, analiza los procesos de titulación en las comunidades y sus consecuencias para sus habitantes y los bosques desde su perspectiva, a fin de mejorar las iniciativas en curso. Este informe resume los resultados de la comunidad Nueva Esperanza.
Nueva Esperanza se fundó en 1982, fue reconocida en 1987 y titulada en 1992. Se encuentran solicitando la ampliación de sus tierras. En la actualidad (2018) su territorio no está georreferenciado, pero ha completado su inscripción en SUNARP. Los resultados de la titulación fueron positivos para la comunidad. La mayoría está satisfecha con su implementación y resaltan como principal resultado la formalización de sus derechos territoriales. Las familias perciben que luego de la titulación hay menos conflictos, sus derechos son más fuertes y están más protegidos ante una disputa. Sin embargo, las vigilancias comunales son necesarias porque aún existen invasiones, temen que sus derechos puedan ser disputados porque piensan que sus tierras pueden ser privatizadas y no reconocen el rol del Estado frente a estos problemas. Además, la situación de los medios de vida y la condición de los bosques no han mejorado, aún tienen problemas para satisfacer de alimento al hogar, la mayoría opina que la situación de la seguridad alimentaria ha empeorado que hace 5 años y existe un desbalance en la participación de mujeres en las reuniones donde la comunidad toma decisiones.
Nueva Esperanza se fundó en 1982, fue reconocida en 1987 y titulada en 1992. Se encuentran solicitando la ampliación de sus tierras. En la actualidad (2018) su territorio no está georreferenciado, pero ha completado su inscripción en SUNARP. Los resultados de la titulación fueron positivos para la comunidad. La mayoría está satisfecha con su implementación y resaltan como principal resultado la formalización de sus derechos territoriales. Las familias perciben que luego de la titulación hay menos conflictos, sus derechos son más fuertes y están más protegidos ante una disputa. Sin embargo, las vigilancias comunales son necesarias porque aún existen invasiones, temen que sus derechos puedan ser disputados porque piensan que sus tierras pueden ser privatizadas y no reconocen el rol del Estado frente a estos problemas. Además, la situación de los medios de vida y la condición de los bosques no han mejorado, aún tienen problemas para satisfacer de alimento al hogar, la mayoría opina que la situación de la seguridad alimentaria ha empeorado que hace 5 años y existe un desbalance en la participación de mujeres en las reuniones donde la comunidad toma decisiones.
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DOI:
https://doi.org/10.17528/cifor/007244Pontuação Altmetric:
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Ano de publicação
2019
Autores
Saldaña, J.S.; Valencia, F.; Cronkleton, P.; Larson, A.M.
Idioma
Spanish
Palavras-chave
land tenure, tenure systems, indigenous peoples
Geográfico
Peru
